Dominicanos expresaron 2,800 quejas a la Suprema Corte de Justicia Demuestran inconformidad en sus servicios

SANTO DOMINGO.- En un proceso de consultas públicas implementado por el  Poder Judicial le fueron presentada 2,800 quejas que por  similitud  fueron  resumidas en  230 con la finalidad de atenderlas  y  mejorar el funcionamiento de las labores en los tribunales judiciales del país.

Las quejas expuestas a personal de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría de las cuales fueron escuchadas y leídas por el presidente de la alta corte,  Luis Henry Molina,  son la mejor demostración de que los dominicanos no están conformes con los servicios y el trato que reciben de los empleados del Poder Judicial.

En un comunicado de prensa, la alta corte  detalla que las reuniones se realizaron entre los meses de julio y agosto de este año, y que en esas actividades participaron representantes de organismos de la sociedad civil y de  grupos vulnerables entre los que figuran mujeres víctimas de violencia, organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, envejecientes, personas con capacidades especiales, migrantes e integrantes del  (LGTBI).

Aunque la nota no detalla los tipos de quejas, las mujeres victimas de violencia de género se quejan de que los jueces de la ejecución de la pena ponen en libertad a los hombres agresores cuando han cumplido la mitad de las penas, sin  que ellas sean prevenidas para que puedan oponerse a la medida ni protegerse contra nuevas agresiones.

Asimismo, los integrantes del colectivo LGTBI  con frecuencia se han quejado de que son objeto de maltratos, arrestos, violaciones e incluso agresiones de agentes de la Policía, quienes en ocasiones los extorsionan y les dificultan realizar sus actividades.

La nota indica que con ese conjunto de quejas sobre las labores de los empleados de Poder Judicial,  el presidente de la Suprema Corte ha dispuesto la elaboración e implementacion del  «Plan Estratégico Institucional, Visión Justicia 20/24″.

«La modalidad presencial, en la que participaron actores clave del sistema de justicia, representantes de la sociedad civil, organismos multilaterales, universidades y grupos vulnerables, permitió escuchar 2,800 comentarios de los participantes entre expectativas, problemas y propuestas», destaca el informe.

Agrega que las  informaciones derivadas de estas jornadas serán tomadas en cuenta para la formulación de dicho plan a aplicarse durante los  próximos cinco años, con la finalidad de avanzar hacia soluciones pactadas que tengan real cumplimiento, objetivos e indicadores verificables.

 

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